SC QUIERE TRAER DE VUELTA LA SILLA ELÉCTRICA - MYRTLE BEACH ASESINATO DEFENSA

Hace una década que Carolina del Sur no electrocuta a nadie.

Debido a los problemas para obtener los fármacos utilizados para matar a los condenados a muerte, algunos legisladores estatales están considerando volver a poner en funcionamiento la silla eléctrica.

La inyección letal ha sido durante mucho tiempo el método preferido para matar a los condenados a muerte, pero el Estado tiene dificultades para obtener los fármacos utilizados en la inyección letal.

¿Por qué Carolina del Sur no consigue los fármacos necesarios para las inyecciones letales y qué intentan hacer los legisladores estatales al respecto?

LAS FARMACÉUTICAS NO QUIEREN MALA PRENSA

Según el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster...las farmacéuticas no suministrarán los fármacos a menos que el Estado garantice el secreto...

McMaster afirmó que los estados tienen dificultades para conseguir los fármacos utilizados en las ejecuciones porque los proveedores y las personas implicadas no quieren ser identificados.

"Tienen miedo de que sus nombres salgan a la luz y no quieren tener nada que ver con ello, por temor a represalias o a la exposición de ellos mismos, sus familias, sus negocios... todas ellas razones perfectamente válidas", dijo el gobernador.

"Así que aquí estamos en un punto muerto y no podemos hacer nada al respecto a menos y hasta que nuestra legislatura promulgue la ley escudo".

Estas empresas no venderán los fármacos a Carolina del Sur y otros estados con pena de muerte por miedo a protestas, demandas y mala publicidad.

Ante el mismo problema, otros estados han empezado a utilizar cócteles diferentes, han cambiado a la inyección letal de un solo fármaco o han recurrido a empresas farmacéuticas alternativas para crear o mezclar fármacos letales.

Nuestro Gobernador quiere proteger a las compañías farmacéuticas

Mientras el director del Departamento de Instituciones Penitenciarias, Bryan Stirling, y algunos senadores de Carolina del Sur presionan para que se vuelva a la silla eléctrica, el gobernador Henry McMaster insta a los legisladores a aprobar una "ley escudo" que mantenga en secreto la identidad de las empresas farmacéuticas que suministran los productos químicos utilizados en las inyecciones letales.

Se han aprobado leyes escudo similares en varios estados, como Ohio, Texas, Arizona y Oklahoma.

¿Cuál es el problema de las "leyes escudo" para las empresas farmacéuticas? No sabemos de dónde vienen los medicamentos ni quién es responsable de fabricarlos. No hay rendición de cuentas.

Si la ley prevé asesinatos patrocinados por el Estado, entonces es legal que el Estado lleve a cabo esos asesinatos. Pero, cuando un recluso es sometido a tortura como resultado de una ejecución chapucera con un cóctel de fármacos ineficaz, eso es un castigo cruel e inusual que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

"Si el gobierno va a ejercer este poder... debe hacerlo de forma transparente y rindiendo cuentas a los ciudadanos de este estado", dijo Lindsey Vann, directora ejecutiva de Justice 360, una organización sin ánimo de lucro con sede en Columbia que representa a presos condenados a muerte.

La pena de muerte en SC está en el limbo

Carolina del Sur no ha ejecutado a nadie desde 2011, en gran parte debido a la dificultad para obtener los fármacos utilizados en la inyección letal. Según Stirling, el estado solo puede electrocutar a los condenados a muerte si solicitan que se utilice la silla eléctrica.

No es sorprendente que ninguno de los 36 condenados a muerte del estado haya solicitado ser electrocutado, incluido Bobby Wayne Stone, cuya muerte estaba prevista para diciembre.

El senador William Timmons, republicano de Greenville, ha propuesto una medida que permitiría al estado utilizar la silla eléctrica cuando la inyección letal no sea una opción.

Descenso constante del apoyo a la pena de muerte en todo el país

El número de ejecuciones en todo el país bajó durante muchos años, pero aumentaron a 23 en 2017, frente a 20 en 2016, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Según un Encuesta Gallup publicado en octubre, sólo el 55% de los estadounidenses apoya la pena de muerte. A mediados de la década de 1990, la tasa de aprobación de la pena de muerte era del 80%.

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